butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 42, 28 de febrer de 2018
 
Comentario de sentencia del Juzgado de lo Social nº 19 de Barcelona, de 4 de enero de 2018, sobre impugnación de sanción
 
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La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 19 de Barcelona, de 4 de enero de 2018, dictada en los autos 756/2016, sobre impugnación de sanción, gestionada por el Gabinete Técnico Jurídico de CCOO de Catalunya, declara que la sanción está prescrita y es nula, tanto por vulneración de derechos fundamentales como por defecto de forma.

Se trata de una sanción de 70 días de suspensión de empleo y sueldo, impuesta a una trabajadora, que a su vez ostenta la representación legal de los trabajadores, y que es víctima de una agresión física y verbal sufrida en tiempo y lugar de trabajo por la hija de un paciente.

No me voy a entretener en reproducir aquí las faltas que se imputaron a la trabajadora (en total cuatro), pues ninguna de ellas quedó acreditada en el acto de juicio ni tampoco constituyen el motivo de este comentario.

Lo relevante de la sentencia se halla en el hecho de que se declara la nulidad de las sanciones por entender el Juzgado, que la misma constituye una represalia frente a la denuncia presentada por la trabajadora contra la hija del paciente, quien la había agredido previamente mientras estaba prestando servicios.

Y en este sentido, acreditada la conexión entre la sanción y esa denuncia (siendo indiferente que la empresa no fuese parte en el juicio de faltas que se ventiló ante el juzgado de instrucción), se vulneró la “garantía de indemnidad” del artículo 24.1 de la CE y de ahí que por ese motivo se haya declarado la nulidad de las cuatro faltas.

También es interesante jurídicamente que se haya apreciado la prescripción de tres de las faltas al considerar que la tramitación del expediente contradictorio, necesario y obligatorio en este caso por la condición de la afectada de representante legal de los trabajadores, no produjo el efecto de reabrir el cómputo del plazo de prescripción de esas faltas, sino simplemente su reanudación tras finalizar el plazo concedido a la trabajadora para que efectuara alegaciones, porque la empresa ya tenía conocimiento cabal de la comisión de los hechos, eso es, antes de iniciar el expediente sancionador y durante su tramitación no se aportaron datos nuevos.

Dicho razonamiento dota de plena seguridad jurídica el derecho de la trabajadora y limita el poder disciplinario del empresario para que no se produzcan abusos, pues en caso contrario, se estaría concediendo una ventaja inmerecida al empresario, que podría jugar con los plazos de prescripción a su antojo, más aún, si tenemos en cuenta que se trata de una trabajadora que ostenta la representación legal de los trabajadores, lo que supone per se, un mayor riesgo de abuso por parte del empresario.

Y, finalmente, también es relevante que se haya apreciado prescrita la facultad de sancionar porque la empresa no fijó las fechas de cumplimiento de las sanciones, considerando que la falta de concreción inicial convierte la fecha de cumplimiento en arbitraria e incierta en perjuicio de la trabajadora, al ser que tan siquiera vincula el cumplimiento a su firmeza, apreciando la Juzgadora por este motivo la nulidad por defectos formales.

A modo de conclusión, y una vez analizada la Sentencia desde el punto de vista jurídico, únicamente me gustaría llamar a la reflexión sobre el elevado número de agresiones que se producen en el ámbito laboral, y especialmente en el sector sanitario; un sector claramente feminizado donde la “ratio” de los profesionales por paciente, así como las graves patologías de los usuarios, y todo ello agravado por los recortes en materia de sanidad realizados por las administraciones públicas, generan gran inseguridad y evidencian la precariedad laboral del momento actual.

Sira Gómez Vilella
Advocada del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya

 
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